Bogotá D.C., junio 03 de 2025. Con el propósito de prevenir riesgos de corrupción y soborno transnacional, así como promover una cultura de integridad, el Distrito Capital publicó el proyecto de una Circular Conjunta que establece lineamientos técnicos y diferenciados para que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de Bogotá adopten Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
La medida responde a la Ley 2195 de 2022, que obliga a las personas jurídicas a implementar mecanismos que garanticen una gestión ética, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por Colombia. Esta normativa busca fortalecer el control institucional, garantizar el buen uso de los recursos públicos y privados y aumentar la confianza ciudadana en las organizaciones del sector social.
El proyecto, publicado para la participación ciudadana incidente hasta el 4 de junio de 2025 en la plataforma LegalBog en la plataforma LegalBog, clasifica a las ESAL según su nivel de riesgo - teniendo en cuenta sus ingresos, activos, vínculos con sectores de alto riesgo, operaciones internacionales y contratos con entidades estatales - y establece obligaciones diferenciadas para la adopción y presentación del PTEE, programada para el año 2026, de acuerdo con su NIT.
Esta nueva regulación deroga la Circular 058 de 2022 y sus modificatorias (013 de 2023 y 013 de 2024), expedidas por la Secretaría Jurídica Distrital, y será emitida conjuntamente por siete sectores del Distrito con funciones de inspección, vigilancia y control (IVC). Las entidades distritales también realizarán acciones de acompañamiento institucional para facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos. "El Distrito promueve una gestión preventiva y responsable del sector social. Esta Circular fortalece el control institucional y acompaña a las ESAL en el cumplimiento de su misión con legalidad", afirmó la Directora de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Jurídica Distrital, María Paula Rueda Mantilla.
La implementación del PTEE permitirá a las ESAL mejorar sus mecanismos de autorregulación y control interno, al tiempo que fortalece su reputación institucional. Para la ciudadanía, esta medida garantiza mayor transparencia en el manejo de los recursos y contribuye a una administración más eficaz y confiable del sector sin ánimo de lucro.
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